Opositores nicaragüenses exigen justicia por las víctimas de la «operación limpieza»

San José .- Organismos humanitarios, opositores y familiares de fallecidos en el marco de las protestas que estallaron hace seis años contra el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua demandaron este lunes justicia por las víctimas que dejó la denominada ‘Operación Limpieza» en el departamento (provincia) de Carazo, en el Pacífico.

En una declaración, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indicó que el 8 de julio de 2018 al menos 2.000 integrantes de «grupos paramilitares» que actuaban con la aquiescencia de la Policía Nacional atacaron por más de 12 horas los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe, de la provincia de Carazo, causando al menos 20 muertos y 30 detenidos «quienes fueron cruelmente torturados».

«La ‘Operación Limpieza’ demuestra la inhumanidad, irrespeto a la vida y grave violación de derechos humanos de la dictadura de Nicaragua, que prefirió atacar y matar al pueblo nicaragüense usando todos los medios y recursos posibles», señaló ese colectivo, integrado por activistas nicaragüense exiliados y con sede en Costa Rica.
«Este sexto aniversario de crímenes perpetrados contra el pueblo nicaragüense, el Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia a Daniel Ortega y Rosario Murillo (presidente y vicepresidenta del país), al jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, y múltiples actores estatales como los principales implicados en esta mortal represión», acusó ese organismo, que demandó justicia para todas aquellas familias que perdieron a sus seres queridos.

La versión de familiares y opositores
Por su lado, la Asociación Madres de Abril recordó que el 8 de julio de 2018, «la mal llamada ‘Operación Limpieza’ en Carazo» comenzó cuando «grupos paramilitares entraron a la ciudad (de Jinotepe) junto con efectivos de la Policía por los cuatro puntos cardinales del municipio».

De acuerdo al testimonio de los vecinos de Jinotepe, «mientras se ejecutaba el ataque» contra los opositores que tenían bloqueadas las vías en protesta, «fueron suspendidos los servicios de internet, comunicación telefónica, luz y agua en toda la ciudad», agregó esa Asociación.

El abogado, excarcelado y desnacionalizado Roger Reyes, originario de Carazo, dijo en un mensaje que hace seis años la provincia de Carazo «era defendida por jóvenes valientes ambiciosos a un futuro rodeado de oportunidades y libertad», que fueron víctimas de «esta ejecución sangrienta que fue denominada por los mismos perpetuadores como ‘Operación Limpieza’, la que cobró la vida de mas de 20 personas, en su mayoría jóvenes».

«Tristemente, de manera involuntaria, quitamos nuestra atención a estas víctimas que hoy claman por justicia», reflexionó Reyes.

Por su lado, el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga dijo en X que «las cicatrices de la ‘Operación Limpieza’ son profundas, pero no borran la fuerza y el espíritu de un pueblo que resiste y exige justicia».

«Nos comprometemos a continuar incansablemente en la búsqueda de justicia y a respaldar a las familias de las víctimas, así como a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos que han iniciado procesos legales en jurisdicciones internacionales», comentó Maradiaga, que fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos, donde reside.

Autoridades y Policía celebran «liberación» de provincia
A su vez, las autoridades de la provincia de Carazo, bajo el control de los sandinistas, y la Policía Nacional conmemoraron por su parte este lunes, con una caminata, el sexto aniversario «de la liberación de los tranques de la muerte» en esa zona de Nicaragua.

También rindieron homenaje a dos policías que fallecieron en el marco de ese operativo, quienes, de acuerdo al estatal Canal 6 de la televisión nicaragüense, murieron «en la restauración de la paz» en la provincia de Carazo.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300».
Los opositores nicaragüenses han renovado sus demandas de justicia para las víctimas de la denominada «operación limpieza». Esta campaña, llevada a cabo por el gobierno de Nicaragua en 2018, fue dirigida a desmantelar las barricadas y protestas que surgieron en respuesta a las reformas de seguridad social y a la represión del gobierno de Daniel Ortega. La «operación limpieza» resultó en numerosas muertes, detenciones arbitrarias y casos de violencia y abusos contra los derechos humanos.

Los críticos y opositores del gobierno de Ortega sostienen que esta operación fue una respuesta desproporcionada y brutal contra manifestantes pacíficos y la sociedad civil. Organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales han documentado las violaciones cometidas durante este período y han instado a una investigación exhaustiva e imparcial.

Las demandas de justicia incluyen:

Investigación Independiente: Se solicita una investigación independiente que pueda llevar a la rendición de cuentas de aquellos responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos.

Reparación para las Víctimas: Los opositores exigen que se otorgue una reparación adecuada a las víctimas y sus familias, incluyendo compensación económica, apoyo psicológico y reconocimiento público de los abusos sufridos.

Fin de la Impunidad: Llaman a poner fin a la impunidad en el país, donde muchos de los responsables de la represión siguen en puestos de poder y no han enfrentado consecuencias legales.

Libertad para Presos Políticos: La liberación de todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente durante y después de las protestas es otra demanda central.

Estas demandas reflejan el deseo de los opositores nicaragüenses de un cambio profundo en la manera en que se manejan los derechos humanos y la justicia en el país. La comunidad internacional ha expresado su apoyo a estas demandas y ha instado al gobierno de Ortega a tomar medidas concretas para abordar las preocupaciones de derechos humanos y restaurar el estado de derecho en Nicaragua.