Fiscales indignados por pretensión del Poder Ejecutivo eliminar su Consejo

En el Ministerio Público se ha generado un malestar general debido a que se está contemplando en el proyecto de Ley que Declara la Necesidad de Reforma Constitucional eliminar el artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana, donde se instituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público.

Dicho Proyecto de Ley plantea relegar ese órgano constitucional a un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que puede mermar su autonomía o, incluso, desaparecerlo. Esto ha sido una sorpresa para los fiscales, pues en las motivaciones del Proyecto de Ley no se explica cuáles son los motivos por los cuales se está tomando esta medida en contra del Consejo de los fiscales.

Pese a que han sido llamados 50 abogados al Palacio Nacional para discutir este proyecto de ley de reforma, allí no hay ni un solo fiscal, quedando totalmente excluidos de un proceso del cual se supone su institución es una de las principales protagonistas.

Preocupa que, hablando de garantías de la independencia del Ministerio Público -paradójicamente- se intente menoscabar la autonomía constitucional de la que goza su órgano de gobierno. La eliminación de su base constitucional y la delegación de su existencia a la voluntad legislativa significan un retroceso significativo en términos de protección institucional.

El Consejo Superior del Ministerio Público, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada, lo que le permite operar con independencia de otras ramas del gobierno. Ello para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias políticas o presiones externas.

La eliminación de su reconocimiento constitucional implicaría que su existencia y funcionamiento quedarían sujetos a cambios legislativos, lo cual podría vulnerar su capacidad de actuar de manera autónoma.

Además, esta propuesta contraviene los precedentes constitucionales que han establecido la importancia de la autonomía del Ministerio Público -y, en particular, de su Consejo Superior-. Estos precedentes han resaltado la necesidad de proteger a esta institución de injerencias que puedan comprometer su independencia y, por ende, la justicia misma.

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Por tanto, pretender eliminar la base constitucional del Consejo Superior del Ministerio Público y subordinar su existencia a la legislación ordinaria no solo pone en entredicho la autonomía de la institución, sino que también debilita las garantías de independencia necesarias para el correcto funcionamiento del sistema persecutor.

Es imperativo que se mantenga el carácter constitucional del órgano de gobierno del Ministerio Público para asegurar que este continúe operando con la autonomía y efectividad que la justicia requiere.

Recientemente, fiscales en la República Dominicana han expresado su indignación por la propuesta del Poder Ejecutivo de eliminar el Consejo del Ministerio Público, el órgano encargado de supervisar y regular la actuación de los fiscales. La propuesta ha generado una ola de protestas entre los fiscales y otras partes interesadas en el sistema judicial.

El Consejo del Ministerio Público desempeña un papel crucial en la gestión y supervisión de los fiscales, garantizando la independencia y la integridad del Ministerio Público. La eliminación de este órgano ha sido percibida por muchos como un intento de erosionar la autonomía de los fiscales y debilitar el sistema de justicia.

Los fiscales han argumentado que la eliminación del Consejo comprometería la capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones imparciales y eficaces. Además, temen que la propuesta pueda permitir una mayor interferencia política en las decisiones judiciales, lo que podría afectar la justicia y la transparencia en el país.

El debate sobre esta propuesta ha llevado a un aumento en la presión pública y política. Los fiscales han organizado manifestaciones y han solicitado el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil para resistir la propuesta y preservar la independencia del sistema judicial.

El Poder Ejecutivo ha defendido la propuesta como una medida para simplificar la estructura del Ministerio Público y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, los críticos sostienen que esta justificación no aborda adecuadamente las preocupaciones sobre la independencia y la transparencia.

El conflicto ha generado un intenso diálogo entre los actores políticos y judiciales, y se espera que continúe siendo un tema candente en el debate público y en las discusiones legislativas. Las próximas semanas podrían ser decisivas para determinar el futuro del Consejo del Ministerio Público y para la preservación de la autonomía del sistema judicial en la República Dominicana.